El Parlamento Europeo (PE) ha aprobado una resolución
a favor de la neutralidad de las redes de telecomunicación (los propietarios de
las infraestructuras de transporte y conmutación no pueden discriminar a
determinados proveedores, servicios o usuarios) y contraria a la pretensión de
controlar, regular y gobernar Internet por parte de la Unión International de
las Telecomunicaciones (UIT), organismo dependiente de la ONU.
Vídeo (4':08") de la campaña contra la regulación de Internet por parte de la UIT
La resolución del PE considera que la UIT no es la autoridad
competente para regular Internet y que algunas de las propuestas que sus
miembros van a debatir en su próximo Congreso, a
celebrar el 3 de diciembre en Dubai, podrían convertir a esta organización en
un poder dominante sobre la red y acabar con el actual modelo de regulación multilateral,
abierto y transparente. El PE se alinea así con la postura de los EEUU y contra la
defendida por Rusia, China e India.
Internet libre
Internet libre
Las consecuencias negativas de la
resolución europea para las pretensiones regulatorias de UIT suponen, además,
un espaldarazo a las campañas iniciadas por el Partido
Pirata en los países nórdicos y la campaña TakeAction de la empresa multinacional
Google, también difundida bajo el “hashtag” #freeandopen.
El próximo Congreso de UIT pretende reformar el actual Reglamento
de las Telecomunicaciones Internaciones (RTI), un “tratado
mundial vinculante destinado a facilitar la interconexión e
interoperabilidad de los servicios de información y comunicación, así como a
garantizar su eficiencia y su utilidad y disponibilidad generalizada para el
público”. La resolución del PE considera, sin embargo, que “si llegaran a
adoptarse, esas propuestas podrían comprometer gravemente el desarrollo de los
servicios en línea, el acceso de los usuarios finales y la economía digital en
su conjunto”.
El PE pide a los 27 Estados miembros de la Unión Europea que
impidan aquellos cambios en el RTI que perjudiquen el carácter abierto de
Internet, la neutralidad de la red, las obligaciones de servicio universal y
una gobernanza multilateral en la que, además de los proveedores de servicios y
los gobiernos, participen los usuarios, la comunidad científico-tecnológica y las
ONGs a través de sus asociaciones y organismos internacionales.
